Los jueces dictaminaron que el grupo de empresarios involucrados en el caso del fraude habrían obtenido unos 30 millones de dolares mensuales, lo cual representa un total de alrededor de 600 millones de dolares. El grupo de empresarios que habr de pagar el dinero fue encontrado culpable de haber defraudado a la Seguridad Social y a otras entidades del Estado, como lo fueron el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Salud. El juzgado federal de San Miguel de Tucumán dictaminó que los condenados tendrán diez días para depositar el dinero sino se iniciará la ejecución de bienes, lo cual significa que serán confiscadas las posesiones que tengan los condenados. El fraude fue descubierto tras una investigación realizada por la Fiscalía Federal de San Miguel de Tucumán y el Ministerio Público de la Nación, en colaboración con la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría del Estado de Tucumán, la Policía Federal Argentina y el Instituto Nacional Penitenciario. El caso fue llevado a juicio después de que se presentaran pruebas de que los empresarios habían defraudado a las entidades públicas, como la Seguridad Social, el INDH y el SNS, al no pagarles la cantidad debida en sus contratos. Los condenados fueron sentenciados a penas de prisión y multas por su acción criminal, que representa una gran pena para los empresarios involucrados en el fraude.